Saturday, June 12, 2021
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Sobre la industria de los “vientres de alquiler” y el debate en la SCJN

Los denominados “vientres de alquiler” refieren a la práctica donde una mujer que ha demostrado poseer buena salud y ser fértil, engendra a una niña o niño que después de su nacimiento debe ser entregado a las personas que hayan demandado este proceso. Quienes contratan suelen ser parejas del mismo sexo, heterosexuales con imposibilidad de tener un embarazo, así como personas solteras que desean hijas o hijos con lazos genéticos. No obstante, el común denominador de quienes demandan un “vientre de alquiler” en su modalidad remunerada no solo es su deseo por convertirse en padres y madres con vínculos sanguíneos, sino también su poder adquisitivo para acceder a estos procedimientos.En México, su práctica comercial está permitida en Tabasco desde 1997 y en Sinaloa desde 2013; prohibida en Querétaro y Coahuila, y sin marco legal en el resto de las entidades. Fue a finales de 2015 que el gobierno tabasqueño decidió que los “vientres de alquiler” serían solo para parejas nacionales que demostraran imposibilidad médica de lograr un embarazo, ello respondió también a que India, uno de los países más populares para que extranjeros contrataran estos procesos a bajos costos, realizó las mismas reformas en el mismo año luego de observar violaciones a los derechos humanos de las gestantes y la proliferación de agencias intermediarias que establecían granjas o centros de reclutamiento para ellas.El pasado 1 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a dos, puso de manifiesto la posibilidad de que cada estado de la República pueda decidir si regula las condiciones económicas de estos acuerdos, así como invalidar que sean limitados por imposibilidad médica. Lo que esto quiere decir, a nuestra interpretación, es que la práctica podría permitirse en cualquier entidad y su acceso sería para todo aquel o aquella que pudiera pagarlo. Quienes han abogado por su permisibilidad y acceso para extranjeros y nacionales que así lo deseen, han ignorado o callado que los “vientres de alquiler” tienen un problema estructural y de desigualdad de género, en el cual las mujeres precarizadas acceden a formar parte de estos contratos a través de incentivos económicos que expropian los derechos sobre sus cuerpos durante el proceso.m{1448817}La industria que según el Surrogacy Market Share Report facturó en 2018, en 16 naciones, 6 mil millones de dólares, exige a países en vías de desarrollo quitar los candados legales para que el mercado sea accesible a los demandantes que suelen provenir de países ricos. Pero lo que las feministas advertimos desde hace varios años y denunciamos en el Manifiesto Latinoamericano Contra la Explotación Reproductiva¹ es que este mercado da lugar a prácticas violatorias de los derechos humanos de las mujeres, así como de las niñas y niños nacidos por esta vía.A partir de una tergiversación del artículo 4° de la Constitución y de una maniquea interpretación de los derechos reproductivos, esta práctica se ha defendido como autodeterminación reproductiva o autonomía del derecho a decidir. El análisis requiere hilar en fino: es importante aclarar que estamos en contra de la criminalización de las mujeres que han carecido de oportunidades de desarrollo en un país con profundas muestras de desigualdad de género y que, por ello, acceden a esta práctica, pero no podemos ignorar las estructuras sociales y económicas que rodean esta falsa idea de autonomía difundida entre sus defensores.No hay autonomía donde las decisiones sobre el cuerpo son tomadas por las agencias intermediarias y los médicos que se benefician económicamente de esta industria. No hay autonomía donde el control de las prácticas corporales está puesto al deseo de personas contratantes en evidentes relaciones asimétricas de poder. No hay autonomía en contratos que ponen en el centro del acuerdo la imposibilidad de cambiar de opinión sobre la renuncia a los derechos de filiación o de interrumpir el embarazo.La autonomía y libertad al derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres está en la demanda del movimiento feminista y se evidencia en nuestra constante exigencia para despenalizar el aborto. Es paradójico que, en un país donde solo dos entidades permiten la interrupción del embarazo de manera legal, la SCJN se pronuncie a favor de abrir la puerta a una industria que defiende principalmente los deseos de ser padres de personas con poder adquisitivo y se aleja en sobremanera de los verdaderos derechos reproductivos. _¹ http://abolition-ms.org/es/noticias/manifiesto-latinoamericano-contra-la-explotacion-reproductiva/Eleane Proo y el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales​
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